La
pena de privación de libertad, que se aplica a la población tanto masculina
como femenina, es violenta, pero para la realidad de las mujeres se transforma
en un escenario con características discriminadoras y opresivas aún peores.
Estamos frente a una crisis de la
justicia, que es sistemática; heredada de un patrón histórico fundamentalmente
injusto, colonial, patriarcal y por demás discriminador; un modelo judicial con
las carencias más profundas de la corrupción y la desigualdad, reducidos en un
sistema de vicios.
Este sistema penitenciario, presenta
ciertos problemas que podemos identificarlos de manera clara, una de ellas es
el hacinamiento y la sobrepoblación, la falta de servicios básicos,
alimentación; la falta de mecanismos para garantizar el derecho al trabajo, a
la educación y a la salud.
En Bolivia, 8,2% de
las personas privadas de libertad son mujeres; el restante 91,8%, varones,
según el Observatorio Mundial de las Prisiones 2017. El porcentaje es el
segundo más elevado de la región.
De acuerdo a este informe, 76% de las reclusas en los nueve
departamentos se encuentran con detención preventiva frente a 24% con sentencia
condenatoria. Asimismo, 10% son investigadas por haberse practicado un aborto.
Respecto a las denuncias de aborto
ilegal, pocas resultaron en condenas.
Por otra parte, una mujer de 28 años
en la ciudad de Santa Cruz que quedó embarazada, a raíz de una violación, y motivo
por el cual se practicó un aborto; el mismo terminó con graves complicaciones,
fue denunciada por el médico que la atendió, ante las autoridades. Además, de haber sido una víctima de
violación, también fue detenida, esposada y acusada de realizarse un aborto
ilegal. Tuvo que pasar 10 días de hospitalización bajo custodia policial, para después ser trasladada a una
prisión donde subsecuentemente pasó ocho meses en detención preventiva.
La penalización por la interrupción del embarazo, orilla a las mujeres de escasos recursos a
buscar opciones inseguras para su salud y su vida.
El estado actual de los centros
penitenciarios en Bolivia, se presenta de manera complicada y grave, mostrando
muchas irregularidades en los procesos como ser el retraso procesal en la
administración de justicia; la exagerada aplicación de la detención preventiva; la situación cruel
en la que se encuentran los reclusos; la carencia de políticas serias y
efectivas que vayan de acuerdo con los tratados y estándares internacionales,
incluyendo a las leyes en las que se rige nuestro estado con referencia a la
población privada de libertad.
En Bolivia existen sólo 4 centros
penitenciarios exclusivos para mujeres que se encuentran dos en La Paz, uno en
Cochabamba y otro en Beni, los otros se encuentran compartidos, separados por
puertas o muros inestables.
Un
problema latente es la convivencia de los hijos e hijas con sus padres y madres
dentro de las prisiones; alrededor de 1500 niños y niñas viven con sus madres
en la prisión. Niños que viven expuestos a la violencia al interior de
los penales. Los
niños en edad escolar, salen cada
día de la cárcel para asistir a centros de educación próximos a las
prisiones. Casi en la totalidad de las
cárceles en Bolivia, existen guarderías infantiles donde pasan parvulario los
menores de cinco años.
Los únicos criterios de clasificación
en las cárceles están enfocados al sexo, sin tomar en cuenta otros aspectos
como la edad, antecedentes delictivos o situación penal, situación que en
muchos casos ha degenerando el concepto de rehabilitación.
El problema se presenta de manera
general y afecta a toda la población carcelaria; sin embargo, con relación a
las mujeres es más complejo, por la forma cómo la sociedad aún se mantiene en
un sistema patriarcal que otorga a la mujer roles de género donde se concibe
como uno de los más importantes el de ser madre.
En ese sentido, nos encontramos frente
a una situación de vulnerabilidad que se aumenta con las audiencias dilatadas y
los plazos excedidos, además de la insuficiencia de la defensa pública, jueces,
fiscales, magistrados, así como la creciente inestabilidad y rotación laboral
que va provocando retrasos en la administración de justicia. Mientras más se
demora un procedimiento penal, más habrá que negociar con todas las partes
llegando a convertirse en una justicia mercantilizada, que incita al incremento
de la población carcelaria y la corrupción.
