Instalan en la UPEA el primer dispensador de condones gratuitos

Este miércoles se instalará el primer dispensador de condones gratuitos del país, en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). El plan es propiciado por la organización CIES, que instalará cuatro aparatos más en otros sitios para promover su uso, evitar el embarazo en adolescentes y la transmisión de enfermedades sexuales.

Ambas instituciones firmaron un acuerdo para ese efecto que fue ponderado por sus autoridades. El estreno del plan es a las 09.00.

El director Ejecutivo Nacional del Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), Jhonny López, informó que la iniciativa busca acercar los preservativos a los jóvenes para evitarles situaciones de prejuicios y estigmatización sobre su comercio.

“Es preocupante saber que solo uno de cada tres varones menores de 20 años usa el preservativo como protección contra embarazos no planificados”, lamentó el galeno, cita una nota institucional.

A su turno, el rector de la UPEA, Edwin Callejas, ratificó el compromiso de la institución a su cargo con el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los jóvenes.

De hecho, el convenio además alcanza a la puesta en marcha de una campaña de información y sensibilización a la población universitaria con el objetivo de reducir los índices de embarazo adolescente no planificado, violencia de género e infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.

Este mismo miércoles, también se instalará otro dispensador en las oficinas regionales del CIES en El Alto. En tanto, la institución negocia con una empresa privada y otra universidad para emplazar los restantes aparatos.

¿Qué es el condón masculino?

-          Es un método anticonceptivo de barrera.

-          Ayuda a prevenir de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

-          Es el único método que protege del VIH/SIDA.

-          Retienen el semen dentro del condón, impidiendo así la entrada de los espermatozoides y otros microorganismos a la vagina.

-          El condón tiene una efectividad entre el 85% y 90%, pero el uso inadecuado disminuye su efectividad.

-          Actualmente existen en el mercado condones de diferentes, tamaños, formas, colores, texturas, aromas, sabores y nuevas clases de lubricantes.

Vía: La Razon

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Comunicado de prensa 165/17   CIDH exhorta a todos los Estados a adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres   23 de octubre 2017 Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a todos los Estados a adoptar medidas inmediatas para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos derechos incluyen los pertinentes a la no discriminación, la vida, la integridad personal, la salud, la dignidad, y el acceso a la información, entre otros. En este sentido, una obligación fundamental de los Estados es garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que sólo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su sexo/género y función reproductiva, libre de toda forma de discriminación y de violencia, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia desigualdad de género.     En la región, las mujeres, niñas y adolescentes continúan enfrentando serios desafíos para el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto profundamente marcado por la violencia y la discriminación contra ellas.  En el caso de sus derechos sexuales y reproductivos, estos obstáculos incluyen la negación del acceso a bienes y servicios que sólo las mujeres necesitan, sometimiento de su acceso a servicios de salud a la autorización de terceros, obteniendo servicios de salud reproductiva de mala calidad e incluso clandestinos; así como la realización de procedimientos sin su debido consentimiento informado. La información recibida por la Comisión indica que algunos grupos de mujeres, particularmente las mujeres en situación de pobreza, las que habitan en zonas rurales, las mujeres indígenas y/o afrodescendientes, así como las niñas y adolescentes, son quienes más a menudo ven vulnerado sus derechos al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación. En términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los derechos sexuales y reproductivos forman parte del derecho humano a la salud integral, comprendida como un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. El derecho a la salud reproductiva trata de todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo así como  la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de tener la libertad para decidir si procrear o no, cuándo hacerlo y con qué frecuencia. Para mantener su salud sexual y reproductiva, las mujeres, niñas y adolescentes necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable y deben estar informadas y empoderadas para auto-protegerse de las infecciones de transmisión sexual. “Es importante visibilizar las dificultades que siguen enfrentando las mujeres, niñas y adolescentes para acceder a los diversos servicios de salud sexual y reproductiva”, afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres. “Estos obstáculos son aún más profundos para las mujeres en situación de riesgo por diversos factores como raza, etnia, edad y posición económica. Desde la CIDH hemos obtenido información consistente que subraya la estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de mortalidad materna, por ejemplo. La desigualdad, el racismo, la discriminación y la violencia son algunos de los factores estructurales que afectan particularmente a las mujeres y les impiden el goce efectivo de sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud,” agregó. Por otra parte, la violencia sexual está ampliamente extendida en la región y tiene un impacto irreparable en las mujeres, niñas y adolescentes. Estas formas de violencia, su magnitud y su impunidad – tal como se ha visto reflejado en los casos individuales procesados por la CIDH - tienen efectos negativos en su salud reproductiva y frecuentemente resultan en embarazos no deseados y de alto riesgo, en abortos ilegales e inseguros, y en un aumento del riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Es fundamental que los Estados diseñen y actúen de conformidad con protocolos de salud adecuados para atender a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y para disponer de la interrupción legal y segura de los embarazos resultantes de violencia sexual, con miras a impedir que se desarrollen embarazos indeseados y de alto riesgo para la vida de las mujeres. La vigencia efectiva de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a su vez requiere de garantías para la accesibilidad de información y la educación integral necesaria para adoptar decisiones libres sobre el número y espaciamiento de sus hijos y aspectos vinculados con la planificación familiar, particularmente en niñas y adolescentes.  Ello es fundamental para avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres y prevenir los embarazos indeseados. “Sabemos que en los casos de embarazos, las presiones familiares y sociales empujan frecuentemente a las adolescentes a matrimonios o a uniones precoces con impacto en sus oportunidades de desarrollo personal, educativo, profesional. Por ejemplo, las niñas y adolescentes embarazadas son todavía discriminadas en centros educativos donde no se les permite asistir a clases durante su embarazo. La educación sexual y reproductiva es fundamental para evitar los embarazos precoces y no deseados, y empoderar así a las niñas y adolescentes en la construcción de sus proyectos de vida,” expresó la Relatora sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Esmeralda Arosemena de Troitiño. La Comisión a su vez subraya el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre la dignidad y los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, como en general al derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación. La criminalización absoluta del aborto, incluyendo casos en donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de incesto, impone una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres, y crea un contexto facilitador de abortos inseguros y de altas tasas de mortalidad materna. “La interrupción del embarazo es una decisión difícil para cualquier mujer”, afirmó Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH. “De forma particular, las víctimas de violencia sexual o de incesto se encuentran de por sí en situación de especial vulnerabilidad, aún más si son niñas o adolescentes. Por lo tanto, las mujeres, niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esta decisión de manera oportuna e, informada en un marco legal y seguro, con miras a salvaguardar su salud, su integridad física e incluso su vida. Negar el acceso de mujeres y niñas a servicios de aborto legal y seguro o de atención post-aborto, puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico a muchas mujeres especialmente cuando se trata de casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto o en embarazos resultantes de incesto o violación. Sin efectivo disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres no pueden ver realizado su derecho a vivir libres de violencia y de discriminación”. Los Estados de la región tienen la obligación de emprender una revisión detallada de todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas cuya redacción o implementación práctica pueda tener repercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud reproductiva. Asimismo, tienen el deber de eliminar todos los obstáculos de jure y de facto que impiden el acceso de las mujeres a los servicios de salud materna que ellas requieren. Estas medidas han de tener en cuenta la situación de especial riesgo, desprotección y vulnerabilidad de niñas y de adolescentes, así como de las mujeres en particular situación de exclusión. De la misma forma, la CIDH insta a los Estados de la región que aún no cuentan con un marco normativo adecuado a adoptar legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos, en el entendido que la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

OMS: Sólo uno de cuatro abortos es seguro en Latinoamérica

Sólo uno de cada cuatro abortos se lleva a cabo en condiciones seguras en Latinoamérica, reveló este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma que la utilización en la región de un medicamento para interrumpir el embarazo es cada vez más común, reseñó EFE.

Las mujeres que desean abortar recurren ahora de manera frecuente al misoprostol, un fármaco prescrito para varios tratamientos médicos y que provoca un aborto similar al espontáneo.

Un creciente número de mujeres latinoamericanas obtienen y se autoadministran esa substancia, cuya utilización en estas condiciones equivale a un aborto inseguro.

Un estudio sobre el aborto en el mundo encargado por la OMS y el Instituto Guttmacher (Estados Unidos) aplica por primera vez una nueva clasificación de los abortos inseguros, separando los que son “menos seguros” y los “más inseguros”.

En Latinoamérica, la mayoría de abortos entran en la categoría de “menos seguros”, lo que implica que se registran “menos muertes y menos complicaciones graves”, frente a los que provocan los abortos “más inseguros”, que se practican sobre todo en África.

Sin embargo, la OMS especifica que el tipo de aborto “en el que hay automedicación y al que la mujer debe acudir de forma secreta no cumple los estándares de seguridad” de esta organización, que dicta las regulaciones sanitarias a nivel global.

El estudio estima que anualmente se registran 55,7 millones de abortos en el mundo, de los cuales 6,2 millones suceden en Latinoamérica. No se ofrecen estadísticas por países.

De los que se llevan a cabo en América Latina, 4,9 millones de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan de manera insegura y, de éstos, 3,8 entran en la categoría de “menos seguros” y 1,1 millones en la de “más inseguros”.

Como abortos “menos seguros” la OMS se refiere a aquellos que son llevados a cabo por personal formado, pero que utiliza métodos inseguros o caducados, como el legrado uterino, o por personas sin conocimientos pero que cuentan con medios más seguros, en particular el misoprostol.

“Este método es extremadamente seguro y es uno de los que la OMS recomienda, pero desafortunadamente en muchas partes del mundo las mujeres deben usarlo sin tener acceso a información apropiada y a medicación de calidad”, dijo en una rueda de prensa la autora principal del estudio y experta de la OMS, Bela Ganatra.

Por otra parte se encuentran los abortos más inseguros y peligrosos, que realizan personas sin formación utilizando además métodos peligrosos, como la introducción de objetos extraños o el uso de preparaciones con hierbas, lo que puede llevar en muchos casos a complicaciones graves o a la muerte de la mujer.

Los datos publicados corresponden a una media entre los años 2010 y 2014, y son los primeros que ofrecen una idea de las condiciones en las que se realizan los abortos en distintas partes del mundo.

La conclusión es que cerca de la mitad de abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, “un resultado que sorprende si se piensa que un aborto es una intervención simple científicamente hablando”, dijo Ganatra.

Agregó que “la tecnología para efectuar un aborto seguro está disponible, es una intervención de la atención primaria de salud y algo que se puede hacer como parte de un cobertura sanitaria universal, pero a pesar de ello los abortos inseguros persisten”.

El aborto es un reflejo más de las desigualdades en el desarrollo socioeconómico de los países, con un 97 % de los que son inseguros que ocurren en países de África, Asia y Latinoamérica.

Además, el estudio de la OMS permite confirmar que restringir el acceso al aborto no tiene ningún efecto en reducir el número de estas intervenciones médicas y sólo aumenta las que se realizan en condiciones inseguras.

“En países donde el aborto está completamente prohibido o sólo se permite para salvar la vida de la madre o preservar su salud física, sólo uno de cada cuatro abortos se hacen de forma segura”, asegura el informe.

Fuente: EFE

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