Declaración Global sobre el Aborto Cumbre de CIPD25 en Nairobi

En los últimos 25 años, gobiernos, prestadores de servicios de salud y la sociedad civil han adoptado medidas importantes para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, en consonancia con las normas internacionales sobre derechos humanos y la orientación en salud pública, que incluye liberalizar las leyes sobre aborto en más de 50 países. Asimismo, el aborto con medicamentos ha revolucionado la accesibilidad y mejorado la seguridad del aborto en todo el mundo.

No obstante, aún falta mucho por hacer. Mundialmente, 1 de cada 4 mujeres tendrá un aborto en su vida. De los 56 millones de abortos que ocurren cada año, 25 millones son inseguros; como consecuencia, se estima que 22,000 mujeres y niñas mueren, aproximadamente el 8 por ciento de todas las muertes maternas mundiales, y que 7 millones más sufren lesiones graves, a menudo permanentes. La gran mayoría de estas muertes y lesiones son evitables y ocurren en los lugares con las leyes más restrictivas. La evidencia muestra que restringir el acceso a los servicios de aborto no disminuye el porcentaje de mujeres que buscan abortos, sino que causa que el aborto sea menos seguro, en particular para las mujeres y niñas más pobres y más vulnerables. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se cumplirán si no se trata con urgencia el tema de acceso a los servicios de aborto seguro.

Por ello, instamos a los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los prestadores de servicios de salud, al sector privado y a la comunidad de donantes a:

• Comprometerse a lograr que los servicios de aborto, incluido el autocuidado relacionado con el aborto, estén disponibles y sean seguros, legales, accesibles y económicamente asequibles, al eliminar todas las leyes y políticas que restringen o penalizan el acceso.
• Velar por que la cobertura de salud universal integre en las estrategias, presupuestos y programas nacionales, el paquete esencial de información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que incluye servicios de aborto, atención postaborto y anticoncepción, y velar por que ese paquete sea accesible y económicamente asequible. 
• Proporcionar a niños, niñas y jóvenes, tanto en las escuelas como fuera de estas, educación sexual integral que apoye sus derechos a la autonomía y a la elección informada, que incluya información basada en evidencia sobre la anticoncepción y el aborto, y que conecte a esas personas con servicios de salud sexual y reproductiva gratuitos, accesibles, sensibles a las particularidades de edad, no discriminatorios y que no exigen la autorización de terceras partes. 
• Ampliar el acceso a servicios de aborto con medicamentos de calidad en las etapas iniciales del embarazo, con el fin de que los abortos sean más seguros, en particular en entornos con escasos recursos, al capacitar a prestadores de servicios en todos los niveles y al proporcionar información, fondos y recursos para el acceso fuera de los centros de salud, por medio de líneas de atención telefónica, telemedicina y sistemas de referencia para el autocuidado. 
• Atender las necesidades de salud sexual y reproductiva de grupos marginados, tales como mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres y niñas solteras, y hombres trans, al abordar las múltiples barreras que les impiden acceder a los servicios, al capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios y al diseñar intervenciones interseccionales que aborden las necesidades sociales, culturales y económicas, y ayuden a mejorar la equidad y garantizar su acceso a los servicios de anticoncepción y aborto. 
• Promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y niñas al implementar intervenciones en todos los niveles para cambiar las normas sociales y de género dañinas y los estereotipos relacionados con la sexualidad, el embarazo y el aborto; y al incluir a las parejas, parientes e integrantes de la comunidad como promotores que apoyen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, incluido su derecho al aborto. 
• Proporcionar servicios integrales de salud sexual y reproductiva a las personas afectadas por violencia sexual y violencia de género, que incluyan acceso a la anticoncepción de emergencia, servicios de aborto seguro y apoyo psicosocial, tal como se define en virtud de CEDAW, ICCPR y CAT. 
• Garantizar información y servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyan servicios de atención integral del aborto y de anticoncepción, en entornos humanitarios, en particular para sobrevivientes de violencia sexual y de género.