En los últimos 25 años, gobiernos, prestadores de servicios de salud y la sociedad civil han adoptado
medidas importantes para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, en
consonancia con las normas internacionales sobre derechos humanos y la orientación en salud pública,
que incluye liberalizar las leyes sobre aborto en más de 50 países. Asimismo, el aborto con
medicamentos ha revolucionado la accesibilidad y mejorado la seguridad del aborto en todo el mundo.
No obstante, aún falta mucho por hacer. Mundialmente, 1 de cada 4 mujeres tendrá un aborto en su
vida. De los 56 millones de abortos que ocurren cada año, 25 millones son inseguros; como
consecuencia, se estima que 22,000 mujeres y niñas mueren, aproximadamente el 8 por ciento de todas
las muertes maternas mundiales, y que 7 millones más sufren lesiones graves, a menudo permanentes.
La gran mayoría de estas muertes y lesiones son evitables y ocurren en los lugares con las leyes más
restrictivas. La evidencia muestra que restringir el acceso a los servicios de aborto no disminuye el
porcentaje de mujeres que buscan abortos, sino que causa que el aborto sea menos seguro, en
particular para las mujeres y niñas más pobres y más vulnerables. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
no se cumplirán si no se trata con urgencia el tema de acceso a los servicios de aborto seguro.
Por ello, instamos a los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas, a las organizaciones de la
sociedad civil, a los prestadores de servicios de salud, al sector privado y a la comunidad de donantes a:
- Comprometerse a lograr que los servicios de aborto, incluido el autocuidado relacionado con el aborto,
estén disponibles y sean seguros, legales, accesibles y económicamente asequibles, al eliminar todas las
leyes y políticas que restringen o penalizan el acceso.
- Velar por que la cobertura de salud universal integre en las estrategias, presupuestos y programas
nacionales, el paquete esencial de información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, que
incluye servicios de aborto, atención postaborto y anticoncepción, y velar por que ese paquete sea
accesible y económicamente asequible.
- Proporcionar a niños, niñas y jóvenes, tanto en las escuelas como fuera de estas, educación sexual
integral que apoye sus derechos a la autonomía y a la elección informada, que incluya información
basada en evidencia sobre la anticoncepción y el aborto, y que conecte a esas personas con servicios de
salud sexual y reproductiva gratuitos, accesibles, sensibles a las particularidades de edad, no
discriminatorios y que no exigen la autorización de terceras partes.
- Ampliar el acceso a servicios de aborto con medicamentos de calidad en las etapas iniciales del
embarazo, con el fin de que los abortos sean más seguros, en particular en entornos con escasos
recursos, al capacitar a prestadores de servicios en todos los niveles y al proporcionar información,
fondos y recursos para el acceso fuera de los centros de salud, por medio de líneas de atención
telefónica, telemedicina y sistemas de referencia para el autocuidado.
- Atender las necesidades de salud sexual y reproductiva de grupos marginados, tales como mujeres
jóvenes, mujeres indígenas, mujeres y niñas solteras, y hombres trans, al abordar las múltiples barreras
que les impiden acceder a los servicios, al capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios y al
diseñar intervenciones interseccionales que aborden las necesidades sociales, culturales y económicas,
y ayuden a mejorar la equidad y garantizar su acceso a los servicios de anticoncepción y aborto.
- Promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y niñas al implementar intervenciones
en todos los niveles para cambiar las normas sociales y de género dañinas y los estereotipos
relacionados con la sexualidad, el embarazo y el aborto; y al incluir a las parejas, parientes e integrantes
de la comunidad como promotores que apoyen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
niñas, incluido su derecho al aborto.
- Proporcionar servicios integrales de salud sexual y reproductiva a las personas afectadas por violencia
sexual y violencia de género, que incluyan acceso a la anticoncepción de emergencia, servicios de aborto
seguro y apoyo psicosocial, tal como se define en virtud de CEDAW, ICCPR y CAT.
- Garantizar información y servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyan servicios de atención
integral del aborto y de anticoncepción, en entornos humanitarios, en particular para sobrevivientes de
violencia sexual y de género.
Dado el contexto de violencia y discriminación que enfrentan las
mujeres, niñas y adolescentes en la región, la Comisión las ha
identificado como personas en situación particular de discriminación y,
en consecuencia, ha priorizado sus líneas de trabajo para promover y
garantizar sus derechos fundamentales. Con base en lo anterior, la CIDH
ha mantenido un rol esencial en el desarrollo de estándares legales
para la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y
adolescentes, a la vez ha formulado recomendaciones para identificar y
superar la discriminación estructural y las formas intersecciones de
discriminación que les afectan específicamente. En el marco de su
mandato, la Comisión Interamericana ha acompañado también a los Estados
miembros de la OEA en sus esfuerzos concretos para cumplir con las
decisiones y las recomendaciones de los órganos interamericanos de
derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH).
